¿El Milagro Japonés?
Sobre la indefensa
población civil de Japón cayeron dos bombas atómicas, con terribles y dolorosas
consecuencias inmediatas y a largo plazo. Nunca hubo un cuestionamiento
institucional a esta decisión unilateral de Estados Unidos. La guerra arrasó
Japón: unos 10 millones de parados, gran parte de ellos excombatientes
desmovilizados; destrucción general de viviendas y plantas industriales; una
inflación creciente; y el país ocupado por las fuerzas militares
norteamericanas. El gobierno de Japón quedó bajo la supervisión del general
Douglas MacArthur hasta 1951. Contra todo pronóstico, los aliados aceptaron su
criterio de mantener al emperador como garantía de estabilidad y de
reconstrucción del Japón vencido.
Los japoneses
recuperaron el control de su gobierno con la firma del Acuerdo de Paz de San
Francisco en 1952. Bajo la ocupación estadounidense, la monarquía japonesa
adoptó las normas formales de la democracia liberal. La Constitución de 1946
estableció que la Dieta era el órgano superior de gobierno y que el primer
ministro sería elegido por el voto de los diputados de la Cámara Baja. La Ley
Fundamental redactada por los ocupantes reconoció los derechos políticos a
todos los habitantes (las mujeres obtuvieron el derecho al voto), y garantizó
las libertades individuales. Sin embargo, esto no supuso una ruptura radical en
la naturaleza del gobierno japonés. No se modificó la cuestión de quién tenía
el derecho último a determinar la agenda del país. Si bien se declaró que la
soberanía residía en la ciudadanía japonesa, que delegaba sus poderes en la
Dieta, y al emperador solo se le dejaron funciones decorativas, las grandes
burocracias retuvieron las riendas del poder sin tener que rendir cuentas ni al
emperador ni a la Dieta, y además el Poder Judicial siguió siendo independiente
tan solo nominalmente.
Sin embargo, dos
cosas cambiaron. En primer lugar, las burocracias anteriores que retenían el
control de los medios de coerción física (el Ejército y el Ministerio del
Interior) quedaron fragmentadas y privadas del poder que tuvieron durante la
guerra. En cambio, los grandes ministerios económicos (el de Finanzas y el
Ministerio de Industria y Comercio Internacional) seguían en gran medida
intactos. En segundo lugar, Estados Unidos asumió en nombre de Japón dos
funciones claves: proporcionar seguridad nacional y dirigir las relaciones
exteriores. La superpotencia capitalista brindó un paraguas militar y de
seguridad que hizo innecesarios una política exterior y dispositivos de
seguridad independientes. Pero también ofreció un paraguas económico que, entre
otras cosas, aseguraba el acceso al mercado mundial de las mercancías japonesas
con un tipo de cambio competitivo (es decir, infravalorado). Este vínculo
ahorró a Japón gastos militares, le permitió contar con las tecnologías
estadounidenses y, muy especialmente, le dio acceso al más importante mercado
de consumo del mundo capitalista, el de Estados Unidos.
El fin primordial de
la política económica no fue mejorar el nivel de vida o ganar la confianza de
los mercados, sino construir las infraestructuras propias de una economía
avanzada. Si la industria siderúrgica, por ejemplo, era un prerrequisito para
conseguirla, todos los esfuerzos se destinaban a producir acero, aunque los
bancos tuvieran que prestar a empresas no rentables con intereses
subvencionados y se violaran las normas del libre mercado. Los administradores
económicos de Japón juzgaron su rendimiento con criterios de aptitud
tecnológica y de la fuerza industrial de su país. Para comprender el “milagro
japonés” es preciso no olvidar que la decisión de embarcarse en el desarrollo
industrial para evitar la pérdida de la soberanía estatal había arraigado con notable
fuerza en la segunda mitad del siglo XIX. En la segunda posguerra, el país ya
contaba con un notable desarrollo tecnológico endógeno y con capacidades
organizativas y sociales que hicieron factible dar el gran salto adelante desde
1950.
El vínculo especial
entre Japón y Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría se gestó básicamente
a partir de la guerra de Corea. Aunque desde el armisticio Japón tenía
expresamente prohibido el rearme, con la invasión a Corea Washington pensó que
sería útil valerse del potencial tecnológico japonés para abastecer el poderío
bélico de los ejércitos de las Naciones Unidas. Estados Unidos invirtió 23.000
millones de dólares en gastos militares. Las fuerzas de ocupación ordenaron que
las fábricas de armamentos cerradas algunos años antes fueran usadas con plena
capacidad productiva.
En el plano interno
dos pilares centrales fueron el papel del Estado como guía y garante de las
inversiones destinadas a las grandes corporaciones y la trama de relaciones
económicas y socioculturales en las que se apoyaron las normas de producción y
de consumo. En este segundo punto, la producción en masa asociada al mercado de
consumo, distintiva de la edad dorada, tuvo en Japón marcados contrastes
respecto de las relaciones laborales fordistas y los Estados de bienestar
europeos. El suministro estatal de capital de bajo coste a las principales
corporaciones se materializó a través de los nexos forjados entre la burocracia
estatal y los grandes oligopolios (Mitsubishi, Mitsui, Sumtono y Fuji) a cargo
de la producción industrial. El control estatal sobre el sistema bancario dio a
las autoridades inmensa influencia sobre la inversión. Entre los años 50 y 70
la tarea de los bancos consistió sencillamente en poner a disposición de la
industria, a bajo coste, los ahorros de las familias canalizados por la Caja de
Ahorro Postal. Este organismo fue el principal pilar financiero del sistema
japonés. Una densa red de oficinas postales por todo el país le permitían
recoger las enormes sumas provenientes del ahorro familiar. Estas se
transferían al Ministerio de Finanzas, que utilizaba el dinero para absorber
los bonos del Tesoro japoneses, financiar los proyectos de los políticos del
partido gobernante en los distintos distritos del país y apoyar al dólar. La
Caja Postal ofrecía tipos de interés ligeramente más altos, tenía más
sucursales y su servicio era más amable que el de los bancos, distantes del
ahorrador. Los jefes de las oficinas de correos, particularmente en las áreas
rurales, fueron importantes figuras locales, a menudo estrechamente
relacionadas con el partido Liberal Democrático a cargo del gobierno.
El Estado también
controló las divisas adquiridas por vía de las exportaciones y a través de la
ayuda estadounidense. Cuando el Ministerio de Industria y Comercio
Internacional decía que determinadas industrias eran estratégicas, los bancos
no dudaban en proveer el capital necesario; ellos no asumían el riesgo, de hecho,
actuaban como instrumentos de la administración. El Ministerio de Finanzas conducía
el sector financiero privado como motor de la locomotora. La posibilidad de que
un banco grande pudiera quebrar estaba básicamente excluida. Este circuito
suponía la interrelación de las élites políticas y económicas, íntimamente
vinculadas a través de redes personales y acostumbradas a coordinar sus
decisiones en conversaciones informales. Esta cooperación entre los políticos,
la burocracia y las élites económicas no fue transparente ni democráticamente
legitimada. El excedente obtenido por las principales corporaciones gracias al
capital barato y a la protección proporcionada por el gobierno no se “malgastó”
en dividendos o aumentos de salarios: se acumuló internamente y se usó para
expandir la capacidad productiva.
Si gran parte del
capital invertido provino del elevado nivel de ahorro de la población, fue
porque un Estado de bienestar social muy pobre (visto desde la perspectiva
europea) exigía ahorrar para la vejez y para el acceso a la vivienda, muy
costosa. Los trabajadores también sufrieron abusos fuera de la empresa: se les
pagaban bajas tasas por sus ahorros, y el precio de la vivienda era altísimo.
La ley sindical de
diciembre de 1945, inspirada en la legislación norteamericana, permitió el
desarrollo de los sindicatos que, a principios de los años 50, llegaron a
agrupar al 50% de la población asalariada. En los primeros años de la posguerra
hubo un alto grado de conflictividad social, con el estallido de numerosas
huelgas. En el marco de la Guerra Fría (y especialmente del conflicto coreano)
se produjo una importante depuración de los elementos más activos y se redujo
la afiliación sindical. El cada vez menor número de estallidos sociales tuvo
que ver, como en Europa, con el nuevo orden productivo: el toyotismo, la
versión japonesa del fordismo, y con la consolidación del Estado desarrollista,
el equivalente japonés del Estado de bienestar europeo.
El toyotismo fue la
vía para dar respuesta a dos desafíos: el reducido número de obreros cualificados
y la estrechez del mercado interno, que obstaculizaba la producción de bienes
de consumo en forma estandarizada y masiva. Se necesitaban fábricas más
flexibles que pudieran producir distintos tipos de productos en pocas
cantidades, para no acumular stocks, y en el menor tiempo posible. Había que
reorganizar a los relativamente pocos y veteranos obreros cualificados para
abastecer una pequeña y variada demanda. El obrero flexible del toyotismo debía
adaptarse a diferentes tareas según las necesidades de la producción, en lugar
de repetir rutinariamente determinadas acciones impuestas por la cadena de
montaje fordista. Además, las tareas parceladas se reorganizaron para dar paso
a equipos de trabajo que proponían las normas de las tareas, no solo ejecutaban
los que otros ordenaban; eran capaces de elaborar soluciones frente a problemas
no previstos.
Los obreros cualificados
intervinieron en la supervisión y los controles de calidad del proceso
productivo, y las mejoras en el rendimiento les proporcionaron grandes
beneficios que alentaban el compromiso activo de los trabajadores con la mayor
eficiencia de la industria. El toyotismo promovió la producción justa en el
momento preciso, eliminando gastos en la supervisión y en los controles de
calidad. Los compromisos entre patronos y trabajadores se tejieron en torno a
tres factores claves: el sindicalismo de empresa con un carácter cooperativo
más que conflictivo, el empleo de por vida y el reconocimiento salarial a la
antigüedad en el empleo.
El esquema de
acumulación japonés también incluyó el mercado de trabajo segmentado. El
término keiretsu se refiere a un sistema de subcontratación
multiestratificado: una gran compañía matriz a la cabeza y pequeñas empresas
supeditadas a ella. Por lo general el subcontratista depende del contratista,
no solo para el trabajo sino también para la financiación de las compras de
equipos. Al contrario de la unidad productiva fordista de integración vertical,
la subcontratación permite a la compañía matriz ahorrar en costes de capital y
trabajo. En el primer caso, porque la inversión fija de la gran empresa
concentra la inversión en los segmentos más vitales y lucrativos del proceso de
producción. En el segundo, porque los trabajadores de las empresas periféricas
trabajan en condiciones muy precarias y por salarios bajos. El grupo más
discriminado fue el de las mujeres. El nivel inferior del sistema de
subcontratación multiestratificado estaba compuesto por fábricas familiares
donde las mujeres, como obreras, no tenían salario y, además, atendían las
necesidades de la familia y el hogar. Las trabajadoras han sido una de las
principales fuentes del excedente acumulado por las mayores corporaciones
japonesas.
En los años 50 los
sectores estratégicos fueron las industrias siderúrgicas, petroquímicas,
textiles, de maquinarias y de construcción naval. La mayoría de los que
ocuparon los diez primeros puestos en la lista de ingresos más altos en el año
fiscal 1951 se dedicaban a la minería del carbón. A mediados de los años 70,
cuando los crecientes déficits de Estados Unidos originados por la guerra de
Vietnam dieron lugar a una inflación acelerada, asociada a un alto nivel de
demanda, el crecimiento de las exportaciones japonesas llevó a Japón al cenit
de su apogeo. El objetivo central fue construir una potencia industrial bajo la
protección militar estadounidense y en un marco financiero global estable
centrado en el dólar. En el plazo de un par de décadas, Japón volvió a
convertirse en un importante protagonista económico, a la sombra de la
superpotencia de la época. Fue funcional a Estados Unidos como escudo frente a
los grandes imperios comunistas continentales de Eurasia. Además, depositó las
ganancias de sus exportaciones en el sistema bancario de la potencia
hegemónica, brindando un apoyo financiero indirecto a la capacidad de esta para
desplegar su fuerza militar.
Con las relaciones
exteriores y la seguridad fuera del alcance de los propios japoneses, y con la
reconstrucción convertida en prioridad, el debate político casi desapareció.
Este vacío obstaculizó el arraigo de una prensa de calidad e independiente y
limitó la formación de grupos políticos y de ideas capacitados para gestionar
políticas públicas, al margen de las concentradas en el crecimiento económico.
Las fuerzas de derecha, con la intención de impedir el avance del comunismo,
condición para que concluyera la ocupación de los Estados Unidos, se unieron
para formar el Partido Liberal Democrático, que prácticamente controló el
gobierno hasta nuestros días, a pesar de la intensa fricción entre distintas
facciones.
La burocracia
japonesa ha sido la institución clave en la creación del entorno para la eficaz
acumulación de capital. Los políticos japoneses carecen de poder real. El
Partido Demócrata Liberal proporcionó durante mucho tiempo la cobertura
política a la burocracia sin interferir en sus planes a cambio de financiación
para mantener sus principales bases de poder: el ámbito rural y el hipertrofiado
sector de la construcción. Los contratistas han sido uno de los principales
socios de los políticos corruptos del partido gobernante. Al mismo tiempo, la
burocracia ha forjado estrechos y sólidos vínculos con el empresariado. Estos
lazos simbióticos tienen su origen histórico en la época Meiji, cuando las
funciones de dirigente político, alto funcionario y empresario no se
distinguían claramente. Aunque evolucionaron después, siguen siendo mucho más
estrechos, orgánicos y menos conflictivos que en los países occidentales.
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