Estados Unidos: La Potencia Hegemónica.
En el momento en que
estalló la guerra, en Estados Unidos no se había logrado superar las
consecuencias de la crisis económica, ya que aún continuaban en paro 10
millones de personas. Antes del ataque a Pearl Harbour, Washington reforzó sus
vínculos con Gran Bretaña (a través de la ayuda económica y del reconocimiento
de objetivos comunes) con la firma de la Carta del Atlántico. A partir de su
ingreso en el conflicto, el gobierno dispuso la creación de organismos
destinados a regular el esfuerzo para ganar la guerra. Los nuevos comités le
permitieron intervenir en casi todos los aspectos de la vida civil: la
dirección de la producción, la distribución de los recursos humanos entre la
industria y las fuerzas armadas, la resolución de los conflictos laborales, el
control de precios y salarios y de los medios de comunicación, la coordinación
de los proyectos de investigación y el desarrollo de los armamentos. En la
conducción de estos organismos asumieron un papel destacado los hombres de
negocios.
En términos
sociales, los cambios vinculados con el esfuerzo bélico, si bien ofrecieron
mejores condiciones para muchos sectores postergados también permitieron la
revisión de reformas sociales logradas en el pasado. El beneficio más evidente
fue la creación de puestos de trabajo, hasta el punto de que llegó a sentirse
la escasez de mano de obra. El gran aumento del paro derivó en el de sueldos y
salarios. La escasez y el racionamiento debilitaron las diferencias sociales.
Los sindicatos tuvieron una mayor capacidad negociadora a medida que crecía la
ocupación, y contaron con un mayor número de afiliados. Los dirigentes
sindicales fueron incluidos en varios de los nuevos organismos gubernamentales,
ya que era preciso contar con su colaboración para concentrar todas las
energías en el esfuerzo bélico. La financiación de la guerra exigió además la
reforma del sistema impositivo: se redujeron las exenciones fiscales y se buscó
que los ricos pagaran más.
Al mismo tiempo, los
sindicatos tuvieron que hacer concesiones tales como la extensión de la jornada
laboral y el compromiso de no recurrir a las huelgas. Sin embargo, ante el
incremento de los precios, su decisión no fue unánimemente acatada por las
bases, como lo demuestra el número relativamente importante de huelgas ilegales
que se produjeron en este período. En 1943 hubo huelgas en diferentes
industrias; la más grave fue la de los mineros, dirigidos por John Lewis. Estos
lograron el reconocimiento de sus exigencias, pero al mismo tiempo el Congreso
aprobó la Ley Smith-Connally que limitaba severamente el derecho de huelga.
Después de 1941, muchos patronos utilizaron la disciplina del tiempo de guerra
para recuperar parte de la iniciativa y control que habían entregado a los
sindicatos industriales al finalizar la depresión: incrementaron los ritmos de
producción, aumentaron el número del personal de supervisión para disciplinar a
los trabajadores, forzaron a los sindicatos a expulsar a los dirigentes más
radicalizados. Esta actitud recibió el apoyo de parte de los medios de comunicación
e incluso de funcionarios gubernamentales que catalogaban a las huelgas
salvajes de acciones promovidas por los rojos y los comunistas. La depuración
de los dirigentes del Congreso de Organizaciones Industriales (CIO) comenzó
antes de la campaña macartista. Los líderes del CIO dieron prioridad al
acuerdo con las empresas, se opusieron a las huelgas salvajes y a la actividad
sindical radical de los dirigentes de base.
Las mujeres lograron
un alto nivel de independencia económica y una mayor libertad. Muchas de ellas
ocuparon puestos que habían estado reservados para los hombres. Esta nueva
situación condujo al reconocimiento de la necesaria equiparación salarial.
Aunque se redujo la brecha salarial de unos y otras, las diferencias se
mantuvieron: el salario de una mujer era inferior en un 40% al de un hombre por
el mismo trabajo. También en el caso de los afroamericanos los cambios
combinaron mejoras en algunos aspectos con el agravamiento de la tensión
racial. En un primer momento, la integración de los negros en las fuerzas
armadas fue resistida. Hubo organizaciones negras que reivindicaron su
incorporación al esfuerzo bélico en igualdad de condiciones. Los más
radicalizados, en cambio, definieron la contienda como un problema que solo
afectaba a los blancos. Entre estos últimos, los Musulmanes Negros (que no
consideraban posible la integración y defendían ideas separatistas) se
opusieron al reclutamiento. Sin embargo, la necesidad de refuerzos para
enfrentar la ofensiva alemana obligó a la formación de unidades integradas por
negros y blancos.
La guerra no solo
afectó las relaciones sociales en el mundo del trabajo, sino que tuvo
repercusiones más amplias. La demanda de mano de obra de la industria militar
alentó los movimientos migratorios del campo a la ciudad y del sur al norte y
al oeste. A lo largo del conflicto, más de 5 millones de personas se
desplazaron de las zonas rurales a las urbanas y un 10% de la población se
trasladó de un estado a otro. California, por ejemplo, donde se concentraba
cerca de la mitad de la industria naval y aeronáutica del país, atrajo a
1.400.000 personas. Las ciudades no contaban con las condiciones necesarias
para absorber este crecimiento de población, y el problema más grave fue el de
la vivienda.
El paso de una
economía de guerra a la de paz sin que se produjeran graves convulsiones fue
posible porque se mantuvo un alto nivel de gastos gubernamentales, porque la
población requirió una destacada cantidad de bienes de consumo y porque se
registraron fuertes exportaciones de mercancías y servicios. Los productos
estadounidenses se destacaban por su capacidad competitiva en el mercado
mundial, derivada de la alta productividad del trabajo, cuatro veces superior a
la de Europa. La industria norteamericana se distinguía también por el alto
grado de concentración del capital: en el caso de la industria automovilística,
por ejemplo, las tres sociedades más grandes proporcionaban el 78% de los
vehículos. El mercado interno era el más importante para la colocación de los
bienes industriales; las exportaciones absorbían entre el 5% y el 6% de la
producción. Sin embargo, la destacada capacidad productiva requirió cada vez
más de la inversión más allá de los límites fijados por las fronteras del
Estado nacional. Si bien los capitalistas gozaron de condiciones satisfactorias
para concretar inversiones, en la inmediata posguerra el movimiento obrero
cuestionó la desigual distribución de los beneficios producidos por la
recuperación en marcha. La excesiva demanda de bienes de consumo no se
terminaba de satisfacer, y el déficit fiscal provocaron inflación, que exacerbó
el conflicto entre obreros y empresarios. Mientras los primeros exigieron
mayores salarios después de las privaciones aceptadas durante la guerra, los
segundos impulsaron el aumento de los precios una vez derogados los topes
fijados por el gobierno durante el conflicto. En consecuencia, una vez
alcanzada la paz se produjeron una serie de huelgas en algunas de las
industrias más importantes: la automotriz, la del acero, la minería, los
ferrocarriles.
Durante 1946 se produjeron
más de 5.000 huelgas, en las que intervinieron 4.600.000 trabajadores. El
presidente Harry Truman decidió frenar esta oleada de conflictos. Al año
siguiente, el Congreso aprobó la Ley Taft-Hartley, que impuso severos recortes
al movimiento sindical: el control estatal de su desarrollo económico; la
prohibición de las huelgas de solidaridad y las que no hubieran sido avisadas
con 60 días de antelación; derogación de la obligación de los empresarios de
contratar obreros sindicalizados, y la prohibición de la actividad política de
los sindicatos. La purga de los dirigentes radicalizados del CIO en el marco de
la Guerra Fría fue un factor clave en este proceso. Entre 1947 y 1950, la
mayoría de los sindicatos de las fábricas asumieron políticas de cooperación
con las estrategias empresariales. Se aceptó el sistema de negociación
colectiva basado en la productividad, en virtud del cual los aumentos
salariales resultarían del incremento de la productividad de los trabajadores,
sin cuestionar la distribución de la renta previamente existente. En el éxito
de este pacto de colaboración jugaron un papel destacado tanto la conducta de
los dirigentes sindicales como la situación de importantes sectores de la clase
obrera. La integración contó con el acuerdo de ambos en virtud de los
beneficios que la expansión económica del capitalismo norteamericano era capaz
de brindarles: empleo seguro, salarios crecientes, acceso cada vez mayor al
consumo. No obstante, las condiciones de trabajo en las fábricas siguieron signadas
por el alto nivel de subordinación y de control distintivos del fordismo.
La afiliación
sindical se estabilizó tras la Guerra de Corea. La menor atracción de los
sindicatos fue consecuencia, en parte, de la prosperidad económica, pero
también de los cambios en el mercado de trabajo, como el aumento del número de
personas dedicadas a las actividades profesionales y de servicios, que se
mantuvieron al margen de la organización gremial. En contraste con la
industria, el medio rural recibió serios impactos por severos desafíos. La
prosperidad que durante la guerra caracterizó a la agricultura posibilitó a los
granjeros superar las consecuencias más negativas de la crisis de los años 30,
ya que liquidaron parte de las deudas hipotecarias y algunos se convirtieron en
propietarios. La paz volvió a poner de manifiesto la subordinación del agro a
la dinámica del sistema capitalista, que imponía la inversión en maquinarias y
un modo de organización de la producción en el que no tenían cabida las
explotaciones de carácter familiar. La creciente productividad derivó en la
desvalorización de los productos, y en consecuencia en la reducción de la renta
de los granjeros. Este sector recibió ayuda del gobierno federal, destinada a
preservar el nivel de sus ingresos. Esta política posibilitó el sostenimiento
de la producción y los stocks fueron colocados por el Estado en el extranjero,
a precios inferiores al de su adquisición.
El traslado de
muchos estadounidenses hacia las regiones del oeste y el suroeste fue acompañado
de otro movimiento de la población: del centro de las ciudades a nuevos
suburbios donde las familias esperaban hallar vivienda a precio accesible.
Urbanistas como William J. Levitt construyeron nuevas comunidades con las
técnicas de la producción en masa. Las casas de Levitt eran prefabricadas y
modestas, pero sus métodos bajaron los costes. Cuando los suburbios crecieron,
las empresas se mudaron a las nuevas áreas. Grandes centros comerciales que
reunían una importante variedad de tiendas cambiaron los hábitos de consumo: su
número aumentó de 8 hacia el final de la Segunda Guerra Mundial a 3.840 en
1960. Nuevas autopistas brindaron mejor acceso a los suburbios y sus tiendas.
La ley de carreteras de 1956 dispuso la asignación de 26.000 millones de dólares
para construir más de 64.000 kilómetros de carreteras interestatales.
La televisión
también tuvo un alto impacto sobre las pautas sociales y económicas. En 1960,
tres cuartas partes de las familias del país tenían por al menos un televisor.
A mediados de la década, la familia promedio dedicaba cuatro o cinco horas al
día a mirar la televisión. Dos programas muy populares fueron Yo amo a Lucy y
Papá lo sabe todo. En el plano político e ideológico, hacia finales de la
guerra el presidente Roosevelt estaba convencido de que el caos mundial solo
podía superarse mediante una reorganización fundamental de la política mundial.
La institución clave sería la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a
través de su compromiso tanto con el deseo universal de paz como con el afán de
las naciones pobres de independizarse y alcanzar la igualdad con las ricas. En
última instancia pretendía un New Deal a escala mundial. Por primera vez se llevaba
a cabo la idea de un gobierno mundial a través de su propia institución. La concepción
de Roosevelt combinaba objetivos sociales con repercusiones de tipo
presupuestario y financiero. La esencia del New Deal postulaba la existencia de
un gobierno que debía gastar para alcanzar la seguridad y el progreso. En
consecuencia, la recuperación del mundo de posguerra requería del aporte
generoso de Estados Unidos a fin de superar la catástrofe provocada por la
guerra. La ayuda a las naciones pobres tendría el mismo efecto que los
programas de bienestar social dentro de Estados Unidos; esto evitaría que el
caos diese paso a revoluciones violentas. Sin embargo, el Congreso y la
comunidad empresarial estadounidense eran más pragmáticos en sus cálculos de
los costes y los beneficios de la política exterior estadounidense. No estaban
dispuestos a proporcionar los medios necesarios para llevar a la práctica un
plan que concebían como poco realista.
Los
sucesores de Roosevelt, Harry Truman (1945-1953) y Dwight Eisenhower
(1953-1961) se inclinaron a favor de un reordenamiento “realista”. El mundo era
un lugar demasiado grande y caótico para que Estados Unidos lo reorganizara a
su imagen y semejanza, especialmente si esa reorganización debía conseguirse
mediante organismos de un casi gobierno mundial, en los que la administración
estadounidense tendría que llegar a compromisos con las opiniones e intereses
de otros países. Ambos presidentes optaron por basar la hegemonía de su país en
el control estadounidense del dinero mundial y del poder militar global. No
obstante, en la inmediata posguerra, los gobiernos no contaron en forma
inmediata con el suficiente beneplácito político y social para hacerse de los
recursos que requería el nuevo papel de Estados Unidos como potencia
hegemónica. Sin embargo, como diría el secretario de Estado Dean Acheson,
“sucedió lo de Corea y nos salvó”. Frente al avance de los comunistas no hubo
dudas para asignar los fondos necesarios para armar a la superpotencia que
“salvaría la democracia”. La sociedad estadounidense de la década de los 50 se
caracterizó por la prosperidad y el crecimiento económico asociados con la
creciente gravitación del conservadurismo. En algunos temas internos, Truman
asumió posiciones que lo ubicaron a la izquierda del Congreso y de sectores de
su propio partido. A mediados de 1948 promulgó un decreto que prohibía la
discriminación en el seno de las fuerzas armadas y disponía la creación de un
comité encargado de velar por su cumplimiento. Esta actitud le permitió ganar
la adhesión de los votantes negros, pero al mismo tiempo provocó la reacción de
los demócratas del sur. Parte de los delegados sureños abandonaron la
Convención Demócrata cuando se incluyó en el programa electoral una declaración
a favor de los derechos civiles.
En los años 60, se
produjo un deslizamiento político hacia el centroizquierda, a partir del muy
ajustado triunfo del candidato demócrata, el católico John F. Kennedy, quien en
las elecciones presidenciales de 1960 obtuvo algo más de 100.000 votos por
encima de su rival, Richard Nixon. Después del asesinato de Kennedy el gobierno
siguió en manos de los demócratas, con la elección de Lyndon B. Johnson en
1964. Durante su gobierno, la guerra de Vietnam jugó un papel decisivo en la
oleada de movilizaciones, en la que confluyeron distintos sectores: el
movimiento negro, los estudiantes politizados, los hippies. Los medios de
comunicación, con sus crudas imágenes, desempeñaron un papel de primer orden en
la conformación de este campo de oposición a la guerra, aunque escasamente
cohesionado en otros temas.
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