La Nueva Política
La nueva oleada de
industrialización complicó el escenario social y dio paso a nuevas batallas en
el campo de las ideas. En lugar de polarizar la sociedad, el avance del
capitalismo propició la aparición de nuevos grupos, en gran medida debido a la
diversificación de los sectores medios: los asalariados del sector servicios,
la burocracia estatal y el personal directivo de las grandes empresas. También
modificó la fisonomía y el comportamiento originales de la burguesía, que dejó
de ser la clase revolucionaria que había sido. El burgués que dirigía su propia
empresa perdió terreno; en la conducción de las nuevas industrias aparecieron
profesionales y técnicos que engrosaron las filas superiores de los sectores
medios. La gran burguesía preservó su adhesión al liberalismo económico, pero
su liberalismo político se llenó de incertidumbre ante el avance de las fuerzas
que pugnaban por la instauración de la democracia. Los liberales que viraron
hacia el imperialismo, por ejemplo, el inglés Chamberlain o el francés Ferry,
creyeron posible que la expansión colonial ayudaría a descomprimir el conflicto
social. Al apoyar el reparto del mundo dejaron de lado la máxima de que la paz
era factible a través del libre comercio y avalaron la carrera armamentista a
través de la cual los Estados competían en la creación de imperios coloniales.
En el campo de la cultura y los estilos de vida, la gran burguesía se sintió
cada vez más intrínseca con los valores de la aristocracia y en el afán de
distinguirse socialmente, el burgués ahorrativo e inversor que había impulsado
la revolución industrial dejó paso a una alta burguesía que asumía las formas
de vida y de consumo distintivas de la aristocracia.
Hasta el último
cuarto del siglo XIX las fuerzas conservadoras fueron el principal rival de los
liberales. Con diferentes grados de fuerza y convicción en los distintos
países, la burguesía ascendente se enfrentó al orden monárquico y a la
aristocracia. El proyecto liberal incluía la defensa de los derechos humanos y
civiles, la mínima intervención del Estado en la economía, la creación de un
sistema constitucional que regulara las funciones del gobierno y las
instituciones que garantizaran la libertad individual. Este ideario se fundaba
en la primacía de la razón y era profundamente optimista respecto al futuro.
Sin embargo los liberales condicionaron la democracia: los que no tenían
educación y carecían de bienes que defender, debían ser guiados por los
ilustrados y los que promovían el crecimiento económico. Únicamente los
ilustrados y los propietarios estaban capacitados para adecuar las políticas
del Estado a las leyes naturales del mercado. En un principio, los liberales
levantaron una serie de barreras económicas y culturales para impedir el voto
de las mayorías. Al mismo tiempo que socavaban los principios y prácticas del
antiguo régimen, deseaban que los asuntos públicos quedasen en manos de los
notables. En algunos casos fueron los conservadores, por ejemplo el canciller
Otto von Bismarck en Prusia o el emperador Napoleón III en Francia, quienes
ampliaron el derecho a votar. Deseaban contener el avance de los liberales y
para eso recurrieron a su posibilidad de manipular a un electorado masivo, pero
escasamente politizado.
El avance de la
industrialización asociada con la decadencia de la economía agraria tradicional
modificó profundamente la trama de relaciones sociales. El debilitamiento de
las aristocracias terratenientes, junto con el fortalecimiento de la burguesía
y la creciente gravitación de los sectores medios y de la clase obrera,
gestaron el terreno propicio para el avance de la democracia. En este proceso
se combinaron las reformas electorales que incrementaron significativamente el
número de votantes, la aparición de nuevos actores, los partidos políticos, y
la aprobación de leyes sociales desde el Estado. Los cambios en el plano
político se produjeron a ritmos y con intensidades muy diferentes. Las
transformaciones más tempranas y profundas se concretaron en Gran Bretaña. Las
revoluciones de 1848 produjeron la ruptura de la cohesión del Antiguo Régimen,
aunque muchos liberales (como los alemanes e italianos) no lograron alcanzar
sus metas. Las tres décadas siguientes fueron un período de reforma básicamente
promovida desde arriba. En casi todos los países, salvo en Rusia, el período
concluyó con el avance de los gobiernos más o menos constitucionales frente a
los autocráticos. Antes de 1848 las asambleas parlamentarias sólo habían
prosperado en Francia y Gran Bretaña. A partir de 1878 los parlamentos elegidos
eran reconocidos en casi todos los países europeos. Sin embargo, los liberales
del siglo XIX buscaban un justo equilibrio. Querían evitar la tiranía de las
masas, que consideraban tan destructiva como la tiranía de los monarcas. Los
liberales luchaban por un parlamento eficaz que reflejara los intereses de todo
el pueblo, pero descartaban que los pobres y los incultos comprendieran cuáles
eran sus propios intereses.
La nueva política
también incluyó la manipulación del electorado y, en muchos casos, la
ampliación del sufragio apareció asociada con el fraude electoral.
Generalmente, en las áreas menos urbanizadas las elecciones se hacían a través
de relaciones más personales que políticas. En cada pueblo o aldea existían dos
o tres personajes de peso que actuaban como grandes electores a través de su
control sobre las autoridades de la localidad y de sus posibilidades de ofrecer
favores a los miembros de la comunidad, los caciques. El gran elector podía
acrecentar su poder mediante el vínculo forjado con el dirigente político
(muchas veces ajeno al medio local) que ocupaba la banca en la asamblea
legislativa nacional gracias a los votos obtenidos por el jefe político local.
Después desde su banca el diputado electo devolvía el favor a través de su
colaboración en nombramientos y destituciones, y en la promoción de
determinadas obras públicas. Estos vínculos raramente eran armoniosos y daban
lugar a enfrentamientos entre diferentes jefes políticos y facciones que
dividían a la clase gobernante y podían ir asociados con crisis
institucionales. Los nuevos partidos que pretendían llegar al gobierno sufrían
tanto las consecuencias del fraude como la violencia instrumentada desde el
Estado. Estas prácticas tuvieron mayor peso en los países más débilmente
urbanizados, por ejemplo, los del sur de Europa.
No obstante, desde
fines del siglo XIX hasta la Gran Guerra, se produjo un avance significativo de
la política democrática en la mayoría de los países europeos. Las profundas
transformaciones sociales que acompañan a la Segunda Revolución Industrial, así
como la creciente urbanización y los cambios culturales, provocan una
progresiva ampliación de las bases sociales sobre las que se sustentó la
legitimidad del ejercicio de la política. Esto supuso la lenta transición desde
el liberalismo moderado, de carácter restringido o censitario, hacia la
adopción de prácticas democráticas, en las que se integraron cada vez con mayor
fuerza las clases medias urbanas.
Con la ampliación
del cuerpo electoral, los acuerdos entre los notables cedieron el paso a las
decisiones de los partidos políticos. Estos se hicieron cargo de una variada y
compleja gama de tareas. La producción de los resultados electorales que
legitimasen el ingreso al gobierno de los dirigentes partidarios requería de
organizaciones estables y consistentes, capaces tanto de representar los
intereses de los electores como de construir nuevas identidades políticas. Los
vínculos entre dirigentes y dirigidos trascendieron el marco local; y los
nuevos partidos de alcance nacional no sólo organizaron campañas electorales y
defendieron determinados intereses, también intervinieron en la construcción de
una visión del mundo enfocada en la mejor forma de satisfacer el bien común. La
política de la democracia apareció asociada con la creciente gravitación de los
elementos lengua, raza, religión, tierra, pasado común: los nacionalismos. La
exaltación de estos contribuía a la cohesión entre los distintos grupos
sociales de una misma nacionalidad al mismo tiempo que los distinguía de los
otros, los que no compartían dichos valores y atributos.
Ante la creciente
movilización de los sectores populares y el temor a la revolución social, los
gobiernos promovieron reformas sociales con el fin de forjar un vínculo más o
menos paternalista con los sectores más débiles del nuevo electorado. Por
ejemplo, en los años ochenta el conservador canciller de Prusia, Otto von Bismarck
fue el primero en poner en marcha un programa que incluía seguros de
enfermedad, de jubilación o de accidentes laborales. También se aprobaron
medidas en este sentido en Gran Bretaña, Austria, Escandinavia y Francia. El estado
de garantías mínimas, apoyada por los liberales, retrocedía frente al muy
incipiente “Estado del Bienestar”.
Antes de haber
completado la transformación del Antiguo Régimen, el ideario liberal y el orden
burgués sufrieron la embestida de la clase obrera y de la nueva derecha radical.
La primera no solo creció numéricamente, ya que las experiencias compartidas en
el lugar de trabajo, en los barrios obreros, en el uso del tiempo libre y del
espacio público, y por la necesidad de organizarse sindicalmente como de la
interpelación de los socialistas, construyeron un nosotros, una identidad como
clase obrera.
En década de 1890,
con el avance de los partidos socialistas que confluyeron en la Segunda
Internacional (1889-1916), el movimiento obrero socialista se afianzó como un
fenómeno de masas. Sin embargo, existieron destacados contrastes entre las
trayectorias de las distintas clases obreras nacionales, tanto en el peso y el
grado de cohesión de las organizaciones sindicales como en el modo de
vinculación entre los sindicatos y las fuerzas políticas que competían para
ganar la adhesión de los trabajadores. Estas divergencias remiten, en parte, a
las diferencias ideológicas entre socialistas, marxistas, anarcosindicalistas,
sindicalistas revolucionarios, pero básicamente, a las diferentes experiencias
de la clase obrera en el mundo del trabajo y en los distintos escenarios
políticos nacionales. El cuestionamiento de la nueva derecha al liberalismo fue
más radical que la del socialismo. Este último rechazaba el capitalismo, pero se
adhería a los principios básicos de la revolución burguesa: la fe en la razón y
en el progreso de la humanidad. La derecha radical, en cambio, inauguró una
política en un nuevo tono que rechazó la lógica de la argumentación y apeló a
las masas en clave emocional para recoger sus quejas e incertidumbres frente a
los hondos cambios sociales y el impacto de la crisis económica. Los nuevos
movimientos nacionalistas tuvieron especial acogida entre los sectores medios,
pero también ganaron apoyos entre los intelectuales, los jóvenes y, en menor
medida, entre sectores de la clase obrera. La crisis económica en la era de la
política de masas alentó la demagogia y dio cabida a la acción directa para
presionar sobre los gobiernos y, al mismo tiempo, impugnar a los políticos y
procedimientos parlamentarios. Desde la perspectiva de la derecha radical, la
democracia liberal era incapaz de defender las glorias de la nación, siendo
responsable de las injusticias económicas y sociales que producía el capitalismo.
La Derecha Radical
Tanto en Alemania,
como Francia y Austria la nueva derecha radical combinó la exaltación del
nacionalismo con un exacerbado antisemitismo. En Italia, los nacionalistas
defendieron la necesidad de apropiarse de nuevos territorios para dejar de ser
una nación proletaria. En sus reivindicaciones ocuparon un lugar clave: las
provincias. Por ejemplo, Trentino, Tirol
del Sur, Trieste, Istra y Dalmacia quedaron bajo dominio austriaco (provincias rebeldes,
no liberadas). Los nacionalistas que continuaron bregando por su incorporación
al Estado italiano entraron en acción después de la Primera Guerra Mundial.
Francia fue pionera en la gestación de grupos de derecha radical tan
antiliberales y antisocialistas como capaces de ganar adhesiones entre los
sectores populares. En los años 80 el carismático general Boulanger recibió
apoyo económico de los monárquicos y recogió votos en barrios obreros. A finales
de la década de 1890, Charles Maurras, al frente de Acción Francesa, se presentó
en la escena política como un rabioso antiparlamentario, antirrepublicano y
antisemita. El caso Dreyfus[1] dividió
a Francia: por un lado, la facción anti-Dreyfus, integrado por conservadores,
izquierdistas que adherían al antisemitismo anticapitalista y nacionalistas
extremos; por el otro, los pro-Dreyfus formado por el centro demócrata laico y
el sector de los socialistas encabezados por Jean Jaurès. La condena en 1894
del capitán Alfred Dreyfus, de origen judío, por el delito de traición
conmocionó a la sociedad francesa. Así dio lugar a una serie de crisis
políticas y marcó un hito en la historia del antisemitismo. La constatación de que
las pruebas en contra de Dreyfus fueron fraguadas hicieron posible su
liberación y reincorporación al ejército doce años después de que estallara el
escándalo. El caso puso en evidencia el fuerte arraigo de un nacionalismo y un
antisemitismo extremos en el seno de la sociedad francesa. Los más decididos
defensores de que se hiciera justicia fueron el dirigente republicano George
Clemenceau y el escritor Émile Zola, autor de la carta pública, Yo acuso,
dirigida al presidente francés.
Bajo el impacto de
la condena de Dreyfus, Theodor Herzl, judío nacido en Budapest y hombre de
letras de formación liberal, se abocó de lleno a promover la constitución de un
Estado que acogiera a los judíos dispersos por el mundo. En 1896 publicó El
Estado de los judíos y, al año siguiente, el Primer Congreso Sionista
reunido en Basilea con predominio de las organizaciones judías de Europa
central aprobó el proyecto para la creación del futuro Estado de Israel en
Palestina. En ese momento, Palestina formaba parte de la Gran Siria bajo el
dominio del Imperio otomano con Jerusalén como distrito autónomo en virtud de
su condición de capital religiosa del Islam, Cristianismo y Judaísmo. Después
de Basilea, la Organización Mundial Sionista quedó a cargo de la compra de
tierras en Palestina para que fueran ocupadas y trabajadas exclusivamente por
judíos organizados en colonias (kibutz). La primera aliyah o movimiento masivo
de regreso a Palestina ya se había concretado en 1881 impulsada por los pogromos
desatados en Rusia después del asesinato del zar Alejandro II. La segunda aliyah
se produjo entre 1904-1907 al calor de la derrota del zarismo en la guerra rusojaponesa
y la revolución rusa de 1905. Entre 1900 y 1914 el número de colonias sionistas
en el territorio palestino creció de 22 a 47.
En el campo de las ligas nacionalistas
otros grupos (menos atados al tradicionalismo) avanzaron hacia el
cuestionamiento del orden social. La Liga de los Patriotas alentó un
nacionalismo autoritario destinado a terminar con la corrupción de los
políticos y a conciliar los intereses de diferentes clases sociales. Prometió
la regulación económica para ayudar a los pequeños comerciantes y artesanos y
apoyó la organización sindical de los obreros. En este período circuló por
Francia el concepto de nacionalsocialismo. Fue utilizado por el escritor
Maurice Barrès en su afán de articular los principios del vitalismo y del
racismo darwinista con las raíces nacionales. Se diferenció de Acción Francesa
por la importancia que asignó al radicalismo económico y a la posibilidad de
movilizar a las masas a través de las emociones, entre las que primó el odio al
judío y el culto a los héroes. En el imperio de los Habsburgo el noble y en un
primer momento liberal, George von Schönerer, rabiosamente convencido que
Austria debía ser parte de Alemania, pretendió organizar a los nacionalistas
alemanes con un programa nacional-social y brutalmente antisemita que apelaba a
los estudiantes y a las clases medias empobrecidas a través de la reivindicación
de la unidad de los alemanes y de la justicia social. Aunque no logró crear un
movimiento de masas, tuvo un papel significativo en la afirmación de un nuevo
modo de hacer política. El más pragmático socialcristiano Karl Lueger[2] fue
elegido alcalde de Viena en 1897. Las ligas nacionalistas emergieron en
Alemania en los años 80 como instrumento de presión a favor de una política
imperialista en la que Bismarck no se había embarcado. La Liga Panalemana contó
con la presencia del entonces joven Alfred Hugenberg y la más significativa
Liga de la Marina recibió el aporte económico del fabricante de armas Krupp.
Ambos se vincularon con Hitler después de la guerra.
En el plano interno,
las ligas fueron decididamente antisocialistas y antisemitas, además
propiciaron la eliminación de las culturas minoritarias como las de los
polacos. Ambicionaban que la superioridad racial de los alemanes quedara
consagrada con su dominación sobre el conjunto de Europa. Salvo los
socialcristianos encabezados por Lueger, ninguno de estos grupos llegó al
gobierno pero, aunque se movieron en los márgenes, su interés radica en los
lazos propuestos entre la política popular, el antiliberalismo, antisocialismo
y antisemitismo. Si bien el fascismo no fue la proyección lineal de ninguna de
estas fuerzas, la rebelión intelectual y política de finales del siglo XIX
contra la Ilustración abonó el terreno en que arraigó el fascismo, pero solo
después de que el trauma de la Primera Guerra Mundial lo hiciera factible.
La Iglesia Católica
rechazó decididamente al liberalismo a través de las opiniones vertidas por el
papa Pío IX en el documento Syllabus y la encíclica Quanta Cura
publicadas en 1864. En los años 90, ante el avance de los cambios sociales y
políticos, el Papado, en lugar de limitarse a denunciar los pecados del mundo
moderno, decidió intervenir en el curso del nuevo orden. La encíclica Rerum
Novarum de León XIII sobre la condición de los obreros (1891) alentó la
gestación del catolicismo social. La propuesta de atender los reclamos justos
de los trabajadores fue seguida de la creación de partidos políticos y de
sindicatos católicos. La tarea organizada conjuntamente por la jerarquía, los
sacerdotes y los laicos con conciencia social, se presentó como una tercera vía
entre el capital y el movimiento obrero socialista. Los capitalistas debían
entender que la familia obrera tenía que desarrollarse en condiciones dignas.
Los obreros no debían seguir las palabras y acciones de quienes conducían al
caos social con la consigna de la abolición de la propiedad privada. Los
sindicatos católicos lograron un mayor arraigo en las ciudades pequeñas y en el
campo que en los grandes enclaves industriales urbanos donde tuvieron
dificultades para competir con los socialistas. Tanto en Italia (partido
Popular) como en Alemania (el partido de Centro), los partidos católicos
contaron con un significativo apoyo de los sectores populares.
[1] El 1 de noviembre de 1894 los titulares
del diario nacionalista y antisemita La Libre Parole anunciaron “¡Alta
traición! ¡Detención del capitán Dreyfus, un oficial judío!". El servicio
de contraespionaje francés había encontrado un mes antes, en un cesto de
papeles en la embajada de Alemania en París, un documento manuscrito en el que
se proponía la venta, al agregado militar de la embajada, de información sobre
planes militares franceses. Todo indicaba, en opinión de los agentes franceses,
que un militar actuaba como espía de los alemanes, los principales enemigos de
nación francesa. Un alto oficial reconoció la letra del capitán Alfred Dreyfus.
Al conocerse su arresto la prensa de derechas desencadenó una ola de artículos
exigiendo el castigo ejemplar para "el oficial judío". En diciembre
comenzó sus sesiones el Consejo de Guerra, y ante la ausencia de pruebas
contundentes, el ministro de la Guerra, el general Mercier, sacó la conclusión
de que esto "sólo demostraba la inteligencia con que el delincuente había
actuado". Dreyfus fue condenado a cadena perpetua en la remota Isla del Diablo,
en la Guayana francesa. Sin embargo, el nuevo jefe del contraespionaje francés,
el general George-Marie Picquart, ordenó revisar el caso para buscar pruebas
más sólidas. La nueva investigación no sólo confirmó la falta de razones
probadas, además permitió descubrir que la letra del comandante Esterhazy era
idéntica a la del documento que se atribuyó a Dreyfus. Sus jefes ordenaron a
Picquart que olvidase el asunto. No obstante, los resultados de su búsqueda
llegaron a la prensa y comenzó un formidable enfrentamiento entre los
dreyfusards, partidarios de la revisión del proceso, y los
"antidreyfusards" que exigen el cumplimiento de la condena en nombre
del honor del ejército francés y los intereses nacionales. El combate de ideas
desembocó en la lucha en las calles. En enero de 1898 se inició el juicio a
Esterhazy que salió absuelto. En ese momento, el periódico L'Aurore publicó el
Yo acuso firmado por el prestigioso novelista francés Emile Zola, un escritor
que en sus novelas dejó testimonio del conflicto social y de las condiciones de
vida de las sectores sociales oprimidos en este período de expansión y
consolidación del capitalismo. Al día siguiente, en las páginas del mismo
periódico dirigido por George Clemenceau aparecía una lista de escritores,
profesores y artistas Anatole France, André Gide, Marcel Proust y el pintor
Monet entre otros que cuestionaban la culpabilidad de Dreyfus y apoyaban la
revisión de su caso. El director del periódico la tituló: el "Manifiesto
de los intelectuales". Un año después, Dreyfus fue indultado sin que esto
supusiera la revisión de la condena. Recién en 1906 se produjo su
rehabilitación pública regresando al ejército con el grado de jefe de batallón.
[2] También combinó apelaciones nacionalistas
y antisemitas, aunque en tono más moderado, con declaraciones a favor de la
justicia social y la adhesión al catolicismo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario